Proponen actualizar Ley de Probidad para potenciar el combate contra la corrupción

Además, instan en trabajar en los años de prescripción debido a que, al pasar 10 años «Probidad no puede hacer nada».

EL SALVADOR.- La abogada Tahnya Pastor y los analistas políticos, Carlos Araujo y Juan Contreras, instaron a Nuevas Ideas y a Nayib Bukele a convertir a la sección de Probidad en una «institución» o «dirección» que sea «autónoma funcional» sin injerencia de otro estadio, siento esto, fundamental, para que inicie a funcionar la guerra contra la corrupción.

«Probidad debe ser parte de algo más grande, debe de ser un elemento dentro de toda la administración pública que tiene que transparentarse para que veamos que estamos atacando la corrupción», dijo Contreras.

Por su parte, C. Araujo sostuvo que «Probidad debe de ser transformado, más autónomo, debe tener otras herramientas y modernizarse, para de verdad combatir el elemento de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos», indicó.

En ese sentido, Araujo aseguró que ahora, Nuevas Ideas tienen el «poder total» para realizar todas las transformaciones necesarias a fin de evitar todo ese «mal endémico» que El Salvador «tiene» con el tema de la corrupción.

Araujo destacó que «está bien perseguir a los del pasado»«vamos a apoyarlos al 100 %», afirmó. Sin embargo, «si tampoco paran lo que están haciendo los funcionarios actuales, van a seguir dilapidando el dinero público», aseguró.

También, la abogada Pastor señaló que se debe trabajar en los años de prescripción debido a que si pasan 10 años «Probidad no puede hacer nada» lo que, según Pastor, es «completamente absurdo».

«Lo vamos a ver en la Corte de Cuentas de la República, que después de cinco años ya no pueden investigar», señaló. Por lo que Pastor recomendó «armonizar y tener una verdadera Ley de Probidad actualizada para que el combate a la corrupción sea eficiente».

Lo mismo sucede con el caso de las multas, y por lo que recomiendan trabajar, en caso de no presentar la declaración a Probidad, «está siendo efectiva una Ley de 1959, y cuyas multas están en, colones. Para los funcionarios que no son de elección popular, la multa máxima ronda los $573.00; y para los que son de elección popular, ronda los $1,143, entonces, ahí vemos donde no es persuasiva ni la multa», explicó Contreras, quien señaló que los funcionarios prefieren pagar las multas a presentar sus declaraciones.

Finalmente, Pastor aseguró que «estamos en el momento oportuno (para realizar las «transformaciones»), ya que, el presidente Nayib Bukele declaró una guerra contra la corrupción».

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