Procuradora se pronuncia ante el incidente en México, que ocasionó la muerte de ocho salvadoreños
La procuradora Raquel Caballero, insiste a las autoridades tanto nacionales como internacionales a unir esfuerzos para indagar, y que este hecho no se repita.
CORTESÍA DE LA NOTICIA SV
EL SALVADOR.- La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero de Guevara, instó a México a esclarecer los hechos tras el incendio ocurrido en un centro de detención de migrantes, en Ciudad Juárez, en el que murieron 39 personas.
«Al parecer, personas migrantes habían sido detenidas, el día lunes 27 de marzo, en las calles de Ciudad Juárez por estar pidiendo dinero y no contar con documentos de trabajo. No se les brindó agua, ni alimentación y protestaron por no ser enviados a la frontera sur de México, o a otros centros para migrantes», lamentó la procuradora Caballero.
«Estas acciones se encuentran prohibidas en diversas disposiciones de tratados internacionales, tales como el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 16 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos; el artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos y el artículo 6 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos», señaló Caballero.
La procuradora explicó que «en el ámbito migratorio se reconoce internacionalmente que los Estados tienen el derecho de controlar la entrada y permanencia de personas no nacionales en su territorio, como parte del reconocimiento de soberanía nacional. No obstante, este derecho tiene que ser ejercido en respeto de los estándares internacionales de derechos humanos y de los refugiados».
«Se considera que, para no violar los derechos a la libertad y a la seguridad de las personas migrantes, así como para protegerla de arbitrariedades, la detención de estas personas deberá estar prevista en la ley y ser necesaria, razonable y proporcional a los objetivos que se desean alcanzar», afirmó.
En ese sentido, la procuradora de El Salvador expresó: «como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, insto a las autoridades a realizar las coordinaciones necesarias para esclarecer los hechos e informar a la ciudadanía, así como a colaborar con las autoridades mexicanas para la repatriación de las víctimas y ejercer políticas coordinadas para desestimular la migración ilegal».
Finalmente, escribió: «A nuestras autoridades nacionales e internacionales involucradas a coadyuvar esfuerzos para investigar las causas que sobrevinieron a esta tragedia, haciendo énfasis en las acciones legales sobre responsabilidad de las autoridades involucradas en el siniestro, para que dicha situación no vuelva a repetirse en un futuro».
