La PGR asistió tres mil casos de revisión de medidas cautelares a detenidos por el Régimen de Excepción
«En la PGR no se puede hacer una valoración en la que se diga inocente o culpable, nosotros hacemos las observaciones que consideramos pertinentes de manera directa a la FGR instituciones«, aseguró el procurador.
CORTESÍA DE LA NOTICIA SV
EL SALVADOR.- El procurador René Escobar aseguró que, en el marco del Régimen de Excepción aprobado por Nuevas Ideas, que ha marcado énfasis en presuntas denuncias de capturas arbitrarias y supuestas violaciones de derechos humanos, la Procuraduría General de la República (PGR) ha dado garantía de un defensor público a «todas las personas que han sido privadas de libertad».
Esa garantía, los capturados la tienen «desde el principio y nosotros estamos dándole seguimiento», afirmó Escobar, quien confirmó que de los más de 75 mil detenidos, la PGR atiende hasta el 80 % de los casos, quienes no tienen posibilidad de asistencia jurídica a la hora del proceso.
«Hemos dado la asistencia a toda la población privada de libertad», ratificó Escobar. La PGR ha cumplido de manera eficiente con el tema, dijo.
«Tenemos la asistencia virtual y nos ayuda mucho a poder dar apoyo más integral. Ahora, desde esa unidad, estamos llamando a los familiares para decirles el estado de los procesos cuando tienen audiencia», aseguró.
Hasta la fecha, la PGR lleva cerca de tres mil casos en los que ha logrado la revisión de las medidas cautelares. «Eso no está determinando como tal que si una persona es culpable o no, sino más bien, es una revisión de la medida cautelar que se toma y en ese sentido hemos tenido ese resultado. Ahí es donde ha venido una articulación con la FGR, porque nosotros somos quienes atendemos a los familiares», explicó.
Sin embargo, «el tema relacionado con el crimen organizado y las pandillas es complejo, aquí no se puede hacer una valoración en la que se diga inocente o culpable (no le corresponde a la PGR, el de ella es de vigilar el proceso y que se le respeten los derechos al detenido), la valoración tiene que establecerse en un proceso penal», enfatizó.
«En definitiva, nosotros nos sentimos solventes como institución en el cumplimiento de este rol constitucional que tenemos más allá de otras valoraciones que se puedan hacer, nosotros tenemos esa asistencia y hacemos las observaciones que consideramos pertinentes de manera directa a la FGR instituciones», concluyó.