Hasta 12 años de prisión para quienes comercialicen lotificaciones de forma irregular
La propuesta contempla que cuando las lotificadoras no acaten la ley se les imponga entre 3 y 4 años de prisión, más una multa económica.
La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales estudia una iniciativa presentada por el Ministerio de Seguridad y el de Vivienda, que busca incorporar al Código Penal penas de entre 8 y 12 años de cárcel para quienes comercialicen lotificaciones de forma irregular, sin cumplir los requisitos legales y técnicos correspondientes.
Además, la propuesta contempla que cuando las lotificadoras no acaten la ley se les imponga entre 3 y 4 años de prisión, más una multa económica.
Los diputados recibieron al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, quien detalló que la institución ha recibido denuncias de estafas colectivas. Él añadió que esta problemática se debe a que este tema no fue prioridad para los gobiernos anteriores.
El fiscal general expresó: “es necesario que se aprueben las reformas que buscan castigar a aquellos malos empresarios que se dedican a la lotificación de inmuebles de forma ilícita y que han dejado a cientos de familias en situación de inseguridad jurídica con sus parcelas”.
El Fiscal reiteró que las reformas al marco legal permitirán hacer justicia a los afectados y les dará certeza jurídica sobre las propiedades en las que habitan.
«Es indispensable que apoyemos al presidente de la República, Nayib Bukele, en este esfuerzo. Conocemos el gran trabajo que se realiza, no solo para enfrentar a las pandillas, sino también a diversos actores delincuenciales que han aterrorizado a los salvadoreños«, diputado Eduardo Amaya, presidente Comisión de Seguridad y combate a la narcoactividad.
De ser efectuados los cambios en la normativa se resolverá un problema que, por décadas, ha afectado a cientos de familias, principalmente de las que residen en las zonas rurales de El Salvador.
Los diputados continuarán el estudio de la iniciativa y acordaron invitar, en la próxima sesión de trabajo, a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, para que explique la situación de inseguridad jurídica a la que se enfrentan cientos de familias salvadoreñas.
