FGR pedirá pena máxima para implicados en el caso Saqueo Público

Entre los acusados se encuentran el exempresario, Miguel Menéndez “Mecafé”, la exprimera dama, Vanda Pignato y el suegro del expresidente Mauricio Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo.

EL SALVADOR. – Continuó el segundo día del juicio contra 10 imputados vinculados al caso Saqueo Público, En los alegatos iniciales presentados por la Fiscalía General de la República se expuso este miércoles que el principal mecanismo que Mauricio Funes utilizó para apropiarse de $351,035,400.49 fue los refuerzos presupuestarios que solicitó durante administración quinquenal comprendida entre 2009-2014.

Según la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos hubo un aprovechamiento de puestos clave para que se diera la apropiación de los fondos públicos. Trascendió que el dinero fue utilizado por el prófugo Funes para sobornar a funcionarios públicos de otras instituciones, entregar dinero en efectivo a funcionarios del Ejecutivo, además para pagar sobresueldos a personas cercanas a su mandato y a la cúpula del FMLN y por lo cual son procesados en otro tribunal.

En el caso conocido como Saqueo Público los fiscales proyectaron al tribunal colegiado una presentación con gráficas y fotos sobre la sofisticada red que Funes creó para sustraer el dinero bajo el rubro de gastos reservados codificado con el número 54315.

Esos fondos, contrario a lo que la defensa ha pretendido hacer ver, tuvieron que ser fiscalizados por la Corte de Cuentas de la República, pero no se hizo porque a juicio de Funes y los gobiernos de ARENA, por ser de gastos reservados tenían que ser utilizados a discreción y sin ningún control. Una de las fiscales explicó al tribunal, que al inicio, la Asamblea Legislativa le aprobó a la Presidencia de la República $80,818.285.


Pero Funes solicitó refuerzos presupuestarios a través de notas al Ministerio de Hacienda; al principio se hizo un traslado de $54 millones, pero el 25 de agosto de 2010, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró ilegal ese mecanismo de traslado de fondos públicos.

Pese a esa sentencia de la Corte, en Casa Presidencial y otros ministerios se crearon unidades de «Gastos Imprevistos», para que el Consejo de Ministros autorizara los traslados de los fondos para gastos imprevistos de Casa Presidencial y poder seguir sustrayendo cantidades millonarias.

De esa manera en la fase de ejecución presupuestaria hubo un incremento ilegal de los gastos reservados, pasando de los más de $80 millones aprobados por el congreso a $351,035,400.49.
Según las indagaciones en el mandato presidencial de Funes se llegó a tener un incremento presupuestario de hasta 51%, lo cual llevó a que durante los cinco años se ejecutara un presupuesto de $689,351,693.20.

Al sustraer los más de $351 millones se buscó la forma de legalizar ese dinero y para hacerlo se implementaron modalidades de blanqueo de capitales. A través del sistema financiero se abrieron ocho cuentas, siete a nombre de Francisco Rodríguez Arteaga y una de Pablo Gómez, exempleados de Casa Presidencial.

Lavaron el dinero comprando vehículos propios y ajenos, adquiriendo inmuebles por medio de testaferros, alquiler de inmuebles para sus amigos y funcionarios de gobierno, viajes de placer a por lo menos 20 países del mundo, entrega de dinero a terceros, compra de armas de fuego por medio de prestanombres.

La Fiscalía también señala que hubo pagos hospitalarios a familiares y personas cercanas a funcionarios de Funes, compra de artículos de lujo, pago de construcciones y remodelaciones inmobiliarias, y transferencias de dinero no justificada personas naturales y jurídicas.

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