Empleados de la Procuraduría de Derechos Humanos podrán someterse a retiro voluntario
Elajaber: Podrán beneficiarse del presente decreto cualquier funcionario o empleado, sea jurídico, técnico o administrativo, que a la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones hayan obtenido su pensión por vejez y aún se encuentren laborando en la PDDH.
La Asamblea Legislativa una serie de disposiciones transitorias, que tienen como objetivo el entregar una compensación económica especial, por retiro voluntario de empleados y funcionarios de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Con ello se le daría paso es a un cambio generacional de defensores y defensoras.
El decreto avalado por los parlamentarios tiene por objeto otorgar una compensación económica especial para empleados de la PDDH que renuncien voluntariamente y que hayan prestado sus servicios en cualquiera de las sedes o dependencias a nivel nacional, durante un periodo mínimo de dos años consecutivos.
Los interesados en aplicar deberán presentar su petición de renuncia con clara voluntad de acogerse a la compensación hasta el último día hábil de noviembre de 2023.
“Entre los requisitos que los interesados deberán presentar está un escrito y este debe de contener su renuncia al cargo que desempeña, expresar que desea acogerse a la compensación económica y manifestar estar de acuerdo con estas disposiciones transitorias”, explicó el legislador Caleb Navarro.
El artículo 4 establece que los funcionarios y empleados que se acojan al decreto tendrán derecho a una compensación económica equivalente a cuatro salarios mínimos del sector comercio y servicios por cada año de servicio prestado, hasta un máximo de US$25 mil.
En otro tema, los parlamentarios también avalaron, con 66 votos, la ejecución de cambios a la Ley Especial para la Contratación de Obra Pública con Financiamiento Incluido, para hacer extensivos los beneficios de esta forma de contratación a todas las instituciones del Estado, así como para la adquisición de servicios esenciales.
La normativa tiene como objetivo establecer las regulaciones, exigencias y condiciones que tengan como propósito esencial estructuración, selección, adjudicación, contratación y ejecución de los proyectos de obras públicas en instituciones del Estado, que contenga como particularidad la inclusión del financiamiento para ejecutar el diseño, construcción y supervisión de las edificaciones.
